La justicia y el Gobierno exigen la restitución del predio de la Sociedad Rural que Irsa usufructúa en Palermo

(Buenos Aires – La990) – La fiscal Gabriela Baigún pidió ayer la restitución al Estado del predio que usufructua la Sociedad Rural Argentina en Palermo porque hubo una operación de venta a “precio vil” donde estuvieron involucardo Carlos Menem, Domingo Cavallo y el ex presidente de SRA Ricardo De Zavalía.

Baigún solicitó, además, la pena de cuatro años de prisión para el ex presidente Carlos Menem, y de tres años y nueve meses para el ex ministro de Economía Domingo Cavallo, por la venta que causó daño al Estado a principios de los ´90.

Actualmente, la firma “La Rural S.A.” que explota el predio de 12 hectáreas se encuentra conformada -en partes iguales- por la Sociedad Rural Argentina y Ogden, integrada por IRSA Propiedades Comerciales. La firma dice que Ogden tiene a cargo el control operativo y el management del estratégico lugar.

Así lo solicitó en su alegato ante el Tribunal Oral Federal 2 y en ese marco también reclamó condenas para otros dos ex funcionarios del Ministerio de Economía, además de la pena de dos años y diez meses para Ricardo Agustín de Zavalía, ex presidente de la Sociedad Rural.

Entre los argumentos de la acusación, la fiscalía hizo especial hincapié en el rol de funcionarios públicos que detentaban al momento de los hechos, Carlos Menem, Domingo Cavallo, Matías Lucas Ordoñez y Gastón Ramón Figueroa Alcorta refiriendo que tenían un deber institucional en relación al bien jurídico protegido, y solamente ellos, dentro de su ámbito de competencia, contaban con las facultades legales para vulnerarlo.

“No cabe duda que es posible que la sustracción se realice, como en este caso, mediante actos jurídicos o contratos que impliquen que la administración pública disponga del bien. Pero no porque disponer del bien esté prohibido, no porque resulte prohibido haber vendido la Rural, sino por la forma en que fue vendida, que fue claramente irregular. Nadie está cuestionando ni lo hará la facultad privatizadora del gobierno de Carlos Menem durante los años noventa. No es que decidieron vender la cosa pública, es cómo se vendió, cuando esa cosa pública pertenecía a su custodia”, enfatizó Baigún.

Por otra parte, el abogado de la Agencia de Bienes del Estado, Agustín Alsina, reclamó la restitución del predio y penas para los responsables de la venta.

El caso fue enviado a juicio por el juez federal Sergio Torres, y ahora el TOF 2 estudia los hechos que tuvieron lugar en 1991, cuando por decisión del ex presidente y el entonces ministro de Economía se vendió un bien de dominio público sin una ley del Congreso y a un precio considerado “vil” por la Justicia.

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