La jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo estuvieron dedicados buena parte del domingo a entender qué pasó con el teléfono del hombre que quiso asesinar a Cristina Fernández de Kirchner después de que el aparato hubiera llegado formateado —como si hubiera salido de fábrica— a la sede de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), donde se debían extraer los datos que permitieran entender con quién se comunicó antes del intento de homicidio y cuáles eran las redes en las que se movían.